Estrategias que garantizan el debido proceso y los derechos adquiridos del personal militar con situación médico-laboral no definida

Abstract

El complejo panorama de seguridad que ha enfrentado el país en los últimos años, ha impactado la tasa de percepción de seguridad en un 35.9% debido al incremento de la criminalidad lo que conlleva a una afectación no solo en la percepción negativa sobre la gestión de la Fuerza Pública, sino también de manera significativa la integridad física y psicológica de los ciudadanos que la conforman en el cumplimiento de actividades de gobernabilidad y seguridad en el territorio nacional; más de 1300 uniformados se han visto afectados, de los cuales el 82% corresponde a personal herido en combate y de los cuales el 57.75% son del Ejército Nacional (Ministerio de Defensa Nacional, 2025), lo que implica una mayor inversión en la gestión en la sanidad del personal militar que requiere realizar su proceso de recuperación y rehabilitación, que por consiguiente le permita continuar con su proceso administrativo y hospitalario para definir su situación médico laboral y su permanencia en la Fuerza, o en caso contrario, su proceso de integración a la vida civil, en donde pueda dar continuidad a su proyecto de vida; sin embargo, estos procesos no cumplen en un 100% las expectativas o necesidades del personal de la fuerza, afectando las garantías de sus derechos fundamentales y los de su entorno.

El presente artículo, busca presentar algunas alternativas que la Fuerza Pública podría utilizar con el propósito de dar garantía a los derechos fundamentales de los funcionarios militares, los cuales se han visto afectados al no contar con el debido proceso en la definición de su situación médico laboral.

The complex security situation that the country has faced in recent years has impacted the perception of security by 35.9% due to the increase in crime, which has led not only to a negative perception of the management of the security forces, but also to a significant impact on the physical and psychological integrity of the citizens who make up these forces in the performance of governance and security activities in the national territory. More than 1,300 uniformed personnel have been affected, of whom 82% were wounded in combat and 57.75% are from the National Army (Ministry of National Defense, 2025). This implies greater investment in the healthcare management of military personnel who require recovery and rehabilitation, This will allow them to continue with their administrative and hospital procedures to determine their medical and work status and their continued service in the Armed Forces or, if not, their integration into civilian life, where they can continue with their life plans. However, these processes do not fully meet the expectations or needs of Armed Forces personnel, affecting the guarantees of their fundamental rights and those of their families.

This article seeks to present some alternatives that the security forces could use to guarantee the fundamental rights of military personnel, which have been affected by the lack of due process in determining their medical status at work.